Mario CASTELLANOS
El Secretario General del Gobierno del Estado, Alejandro Avilés Álvarez, es el funcionario incomodo, el más censurado y denunciado por sus actos de corrupción y abuso de autoridad, que sin duda da mala imagen al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, pues lejos de resolver los problemas, los complica en detrimento de la paz y estabilidad política, social y económica de la entidad oaxaqueña.
A 2 meses de la presente administración gubernamental, tiempo que viene fungiendo, Avilés Álvarez al frente de dicha responsabilidad, ha venido cometiendo un serie de corruptelas y abuso de autoridad, que por cierto ha dado lugar a una serie de escándalos, y por tanto, severas críticas al gabinete del gobierno estatal, luego de las protestas e inconformidades de los diversos sectores de la población oaxaqueña, como son el magisterio oaxaqueño, los diputados locales, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, TEEO y del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, por lo que no tardará mucho la dimisión del citado funcionario.
Los malos antecedentes de Avilés Álvarez mina la fuerza política del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, que por soportar los improperios del funcionario de marras, empieza a bajar la popularidad y credibilidad del gobierno de los milagros, que a decir de los protagonistas, debe empezar la depuración de su gabinete antes que el funcionario denunciado le complique los problemas sociales y políticos de la entidad, lo que por supuesto daría un tumbo irreversible a los buenos propósitos del mandatario, que hasta hoy es la esperanza para cambiar el rumbo de Oaxaca.
Al respecto, la LXIII Legislatura del Estado de Oaxaca, por unanimidad, los diputados locales se manifestaron en contra del proceder de Avilés Álvarez, porque no ha dedicado su tiempo a resolver los problemas políticos postelectorales, únicamente los complica y asimismo la inseguridad, la violencia y los crímenes se han incrementado en lo que va la presente administración gubernamental, por lo que existen serios conflictos en 17 municipios, en los que dicho funcionario ha violado la Constitución Federal, al imponer a igual número de Administradores Municipales, no obstante que lo ha hecho con suma corrupción, imposición e intereses políticos y económicos, pues con dichas designaciones, al capricho y arbitrio de sus intereses malsanos, ha realizado un negocio redondo. No solo vende las administraciones con cuotas y cantidades estratosféricas que presuntamente van de los 100 a los 150 mil pesos, sin embargo, instruye a los sucios administradores a que saqueen las arcas municipales para que al funcionario le pasen la mochada.
El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado de Morena, Irineo Molina Espinosa, presidentes de las fracciones parlamentarias y diputados del PRI, PAN, PRD, MORENA, y otros, hicieron la primera denuncia en contra del citado funcionario, a quien exhortaron a cumplir con sus obligaciones y la tarea encomendada por el Ejecutivo, por lo que está en tela de duda y en una segunda oportunidad, pues no es factor de unidad, sino de inestabilidad y provocador de la violencia, quizás porque le sigue las contras a Murat.
Asimismo, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Wilfrido Raymundo López, Miguel Ángel Carballido Díaz y Víctor Manuel Jiménez, sentenciaron la actitud de Avilés Álvarez, por el hecho de imponer a los administradores municipales, cuya figura es anticonstitucional, además de que éstos deben fungir por solo un mes, que es lo suficiente para que convoquen a nuevas elecciones en los municipios en conflicto para que la ciudadanía elija a su autoridad municipal, además de que éstos no deben manejar el presupuesto de los municipios porque no están facultados por la ley.
El Presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, Oscar Jarquín Rodríguez, al igual, condenó la actitud del funcionario denunciado, porque está violando los derechos constitucionales de los municipios, al imponerles a los administradores, que no tienen razón de ser, menos para administrar los recursos económicos de las comunidades en conflicto. Dichos funcionarios deben nombrarse en un caso muy excepcional, que sean ciudadanos de los mismos municipios, a la vez imparciales a los problemas políticos de las comunidades en polémica.
Ante dicha situación bochornosa, el Ejecutivo del Estado debe hacer una revisión de la conducta y antecedentes, presuntamente penales, de Avilés Álvarez, con la finalidad de evitar la corrupción de la administración pública y por supuesto del Gobierno del Estado, que ya está padeciendo los primeros obstáculos, como consecuencia de una fruta podrida de su gabinete.
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